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 Publicado en el semanario “El Fueguino”, Ushuaia, 11 de marzo de 1988 
  
 Por Alfredo Bruno Bologna 
  
  
 Ante la decisión del gobierno británico de realizar maniobras militares
 en el Atlántico Sur, entre el 7 al 31 de marzo de 1988, resulta 
interesante conocer cuáles son las posiciones de los partidos políticos y
 del gobierno, en relación a las vías de solución del conflicto 
Malvinas. 
  
 Este dato es importante para observar si Argentina actúa a nivel 
internacional como un actor racional unificado, según la terminología de
 Allison, o si existen en el país distintas fuerzas políticas que 
pretenden cambios en las decisiones gubernamentales. 
  
 No es nuestra intención desagregar todos los grupos o manifestaciones 
existentes sobre el tema, sino solamente detenernos y profundizar el 
espectro de los partidos políticos y la acción gubernamental 
desarrollada en este campo. 
  
 Debe apuntarse además una pérdida de poder de decisión por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional a la luz de la derrota electoral producida el 6
 de setiembre de 1987. 
  
 Por ello el gobierno nacional trata de lograr consenso, luego del acto eleccionario, con las fuerzas políticas de la oposición. 
  
 Dentro de este cuadro de situación, la mesa del consenso, de la cual 
forman parte la casi totalidad de los partidos políticos, elaboró un 
despacho sobre Malvinas en el cual expresa que “reafirman los legítimos 
derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la jurisdicción sobre 
los espacios marítimos circundantes”. (Numeral I). 
  
 Para cumplir este objetivo, en el numeral dos se especifica: 
  
 “…la necesidad de solucionar la disputa de soberanía sobre dichas islas
 entre la Argentina y el Reino Unido, y con ella los demás asuntos 
pendientes entre los dos países por la vía pacífica de las negociaciones
 bilaterales recomendadas insistente e invariablemente por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en numerosas resoluciones, desde 1965,y 
la necesidad de proseguir la acción desarrollada ante los foros 
internacionales e intensificar los esfuerzos tendientes a lograr la 
reanudación de tales negociaciones” (“El Fueguino”, 24-12-87, pág. 1). 
  
 En cuanto a los medios de solución se pueden detectar tres posturas: la
 que refleja el documento, avalada por la mayoría de los partidos 
políticos; y dos disidencias, una presentada por el M.I.D. (Movimiento 
de Integración y Desarrollo) y la otra expresada por el Partido 
Intransigente, partidos que no firmaron el despacho de la mayoría. 
  
 Podríamos caracterizar estas disidencias como de palomas y halcones. 
  
 1. Las palomas. Dentro de esta corriente incluimos la 
postura del MID. En la Mesa del Consenso, el despacho del MID en 
disidencia estaba firmado por Carlos Zaffore y Eduardo García del Río. 
  
 La tesis central del documento es declarar el cese de hostilidades por 
parte de Argentina, “declarar que no hay hostilidades, aunque 
formalmente no sea necesario; ello actuará positivamente para nuestros 
intereses nacionales ante terceros países y en el frente interno del 
gobierno británico”. (“Clarín”, 6-12-87). 
  
 Se debe recordar que el diputado Carlos Zaffore presentó un proyecto en
 la Cámara baja solicitando al Poder Ejecutivo iniciar negociaciones con
 Gran Bretaña y a declarar formalmente el cese de hostilidades por el 
conflicto de Malvinas” (“Clarín” , 13-10-87). 
  
 Deseamos hacer algunas observaciones con relación al tema de cese de hostilidades. 
  
 Si bien coincidimos de que la solución del conflicto debe establecerse 
dentro de los medios pacíficos, sin embargo no existe ningún país en el 
mundo, que ante un conflicto determinado, establezca que empleará todos 
los medios, menos la fuerza. 
  
 Esto significa restringir la panoplia de medios con que cuenta un 
estado y en el caso específico de las Islas Malvinas, cuando a 500 
kilómetros de las costas argentinas existe una base estratégica y se 
realizan maniobras militares de un mes de duración. 
  
 Frente a la fortaleza de Malvinas se propone el cese de hostilidades y 
sólo el recurso de medios pacíficos. Esto no implica que nuestra postura
 sea una nueva guerra con Gran Bretaña. Pero existen en relaciones 
internacionales recursos militares que no implican el enfrentamiento 
bélico. Un ejemplo claro de ello es la base estratégica y las maniobras 
militares que realizará la Potencia colonial. 
  
 Dentro de esta corriente de pensamiento debe establecerse que 
integrantes del MID son también miembros del Consejo de Estudios del 
Atlántico Sur (CEAS) que tiene como objetivo contribuir al 
restablecimiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido. 
(“La Nación”, 4-5-87). 
  
 Esta institución publicó el 6 de octubre de 1987 en el diario “La 
Nación”, con la firma de su presidente, Arnaldo Musich, una nota sobre 
la “situación jurídica de los bienes de propiedad británica en 
Argentina”, en la cual proponía la derogación de la ley 22.591 del 21 de
 mayo de 1982 que establecía la indisponibilidad de todos los bienes 
existentes en Argentina, de propiedad del Reino Unido, por haber 
desaparecido la situación del conflicto bélico que la motivó. 
  
 Este artículo mereció una severa crítica por parte del contraalmirante 
(RE) Carlos A,C. Busser en el mismo diario, de fecha 17 de octubre de 
1987, y a partir de allí una polémica entre integrantes del CEAS y 
autores opuestos al levantamiento de esta ley. 
  
 El tema central de la polémica se basa en la consideración de la 
existencia o no de un estado de agresión, por parte del Reino Unido en 
la actualidad. 
 Jurídicamente, se trata de un acto de agresión indirecta: base 
estratégica, zona de conservación pesquera, maniobras militares, hechos o
 situaciones que ponen en peligro la paz de América. 
  
 Indudablemente, las acciones llevadas a cabo por el Reino Unido no 
respetan las resoluciones de Naciones Unidas, ni siquiera aquellas donde
 ese país votó favorablemente, como ser la resolución que establece la 
creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, aprobada 
por 124 votos en 1986 y 122 votos en 1987 y con el voto negativo de un 
solo país: Estados Unidos. 
  
 a) Con relación al cese de hostilidades, debemos aclarar que el 
gobierno propuso esta medida unilateral en noviembre de 1986, pero a 
cambio del levantamiento de la zona de administración y conservación. 
Esta propuesta fue rechazada por el gobierno británico. 
  
 b) El aspecto más urticante de la cuestión fue, después de la guerra de
 1982, la inauguración de un aeropuerto en las Islas Malvinas (Monte 
Agradable) cuya pista principal tiene una extensión de 2.590 metros, que
 permite recibir los mayores y más poderosos aviones de combate y 
transporte. 
  
 El aeropuerto y su infraestructura bélica y de comunicaciones, permiten
 determinar, de acuerdo al canciller argentino, Dante Caputo, que el 
Reino Unido ha instalado en el Atlántico Sur una unidad estratégica, con
 capacidad no solo de defensa sino ofensiva. 
  
 Este hecho fue denunciado por el canciller argentino en el Consejo 
Permanente de la OEA (15 de mayo de 1985) y ante los representantes del 
Movimiento de Países No Alineados en la ONU (17 de mayo de 1985), 
expresando que el Reino Unido “está creando una amenaza a su seguridad y
 está poniendo en grave riesgo la paz y tranquilidad de la región toda”.
 “Este aeropuerto es indispensable para el caso de que el Reino Unido 
tome la iniciativa de atacar a la Argentina y ocupar en pocas horas 
puntos estratégicos de nuestro territorio continental”. 
  
 No es motivo de esta nota analizar la intima conexión existente entre 
la base estratégica de Malvinas y los planes de la OTAN, hecho 
corroborado por funcionarios ingleses, tal como lo expresa el canciller 
argentino en los foros antes mencionados. 
  
 La conclusión del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina fue: “El gobierno sabe que la única alternativa real a los 
riesgos que está provocando el Reino Unido, consiste en persistir en la 
búsqueda de una solución pacífica de la controversia por la vía 
diplomática, aún cuando se siente obligado a tomar medidas 
indispensables para proteger su seguridad, que nada tiene que ver, ni 
cualitativa ni cuantitativamente, con las que acaba de tomar”. 
  
 Sin embargo, no hemos observado medidas para contrarrestar los hechos británicos de la inauguración del aeropuerto. 
  
 c) Una postura más dura en los hechos se pudo observar en principio 
cuando el Reino Unido creó la Zona de Administración y Conservación 
Pesquera, el 29 de octubre de 1986. 
  
 El canciller argentino manifiesta su esperanza de que no sucedan 
incidentes pero señaló que “de todas maneras, al afirmar nosotros que se
 está propiciando una amenaza a la paz, estamos insinuando que esa 
posibilidad existe” (“La Nación” 31/10/86). 
  
 Como consecuencia de ese hecho, por decreto del Poder Ejecutivo, se 
crea, el 30 de octubre de 1986, el Comité Militar con la misión de 
asistir y asesorar al presidente de la República en la conducción 
militar. El Comité Militar está integrado por el Ministro de Defensa, el
 Jefe de Estado Mayor Conjunto y los jefes de los Estados Mayores del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 
  
 Luego de esta postura rígida, en la actualidad, el canciller argentino 
admite acercamientos con el Reino Unido por cuestiones humanitarias para
 evitar incidentes, a través de la gestión desarrollada por funcionarios
 del Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros países 
(Entrevista al Canciller en la revista “Somos” 18/2/87). 
  
 2. Los halcones. Una segunda postura dentro de la Mesa
 de Consenso, que podemos caracterizar como la de los halcones, está 
representada por el Partido Intransigente, cuyo representante el 
diputado Miguel Monserrat, expresó disidencia en varios aspectos del 
documento avalado por la mayoría: 
  
 a) Consideró inconducente que la campaña de esclarecimiento establecida
 en el numeral (6) incluyera a la población inglesa. “Nuestra postura 
frente a los ingleses debe ser inflexible; no debemos de ninguna manera 
adoptar posiciones blandas que sólo provocarán el efecto contrario al 
que se pretende” (“Clarín” 6/12/87, pág. 14). 
  
 Sobre la postura en relación al frente inglés ya hemos expresado nuestra opinión (“El Fueguino”, 22/1/88). 
  
 b) El diputado Monserrat, también se manifestó en desacuerdo con el 
término denuncia, por la negativa del gobierno británico a negociar 
(numeral 7). 
 En cambio proponía en su lugar los términos, condena y rechazo. 
  
 Debemos aclarar que la actual gestión del canciller argentino tiende a 
lograr un mayor consenso internacional para que el Reino Unido se siente
 a negociar con agenda abierta incluyendo la cuestión de soberanía, es 
por ello que la terminología no es de condena sino de denuncia. 
  
 Sobre este aspecto, nos hemos referido a la gestión argentina en Naciones Unidas (“El Fueguino” 15/5/87). 
  
 c) Pero el núcleo central de la disidencia del Partido Intransigente se
 basa en que la soberanía es el único motivo para reanudar el diálogo 
con Gran Bretaña y que deben excluirse de las negociaciones “los demás 
asuntos pendientes” como establece el numeral 2 del Consenso. 
  
 Aquí establecemos una diferencia sustancial entre los halcones y las palomas. 
  
 Los halcones proponen como medio para iniciar las negociaciones el tema
 soberanía. Para las palomas las negociaciones se deben entablar aún 
cuando en las primeras sesiones no se aborde el tema de la disputa de 
soberanía. 
  
 El ex canciller Oscar Camilión, del MID, propone concretamente un 
acuerdo argentino-británico para negociar la cuestión pesquera al margen
 del tema soberanía (“Ámbito Financiero” 9/12/86). Esta postura fue 
refutada por el canciller argentino Dante Caputo, el 11/12/86, en el 
mismo periódico. 
  
 Debemos concluir que la postura del gobierno argentino, avalada por la 
mayoría de los partidos políticos, incluyendo el justicialista, está a 
mitad de camino entre los halcones y las palomas. 
  
 a) Coincide con el MID en el cese de hostilidades pero a cambio de la 
eliminación de la Zona de Administración y Conservación Pesquera creada 
por el Reino Unido en 1986 y puesta en vigencia el 1º de febrero de 
1987. 
 b) No se negociará si no es con agenda abierta, con lo cual se 
interpreta que debe incluirse el tema soberanía, posición que se asimila
 al Partido Intransigente. 
  
 Sin embargo no resulta del todo claro el numeral 2ª de la Mesa de 
Consenso cuando expresa que “sostienen la necesidad de solucionar la 
disputa de soberanía y con ella los demás asuntos pendientes entre los 
dos países”. No se observa, como la expresa el Partido Intransigente, 
que el tema soberanía sea excluyente. 
  
 De cualquier manera, el canciller Dante Caputo manifestó que existen 
acercamientos con el Reino Unido por cuestiones humanitarias y para 
evitar incidentes, a través de la gestión desarrollada por funcionarios 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros países. 
  
 Esta realidad acercaría la postura gubernamental a los requerimientos del M.I.D. 
  
 Dentro del Partido Unión Cívica Radical también se observan disidencias
 en cuanto a los medios empleados por la cancillería. El senador Luís 
León, titular del Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, afirmó “que 
cualquier tipo de negociación con Gran Bretaña sin el ingrediente de 
nuestra soberanía sobre las islas son pompas de jabón” (“Clarín” 
3/5/87). 
  
 Aquí debe establecerse si la acción desarrollada por la cancillería 
argentina hasta el presente dio resultados satisfactorios o no. Si los 
hechos demuestran que las vías empleadas no han sido las adecuadas, es 
momento de modificar la estrategia para lograr otros objetivos que 
beneficien el interés nacional con relación al conflicto Malvinas. 
 
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