Diario "La Capital". Rosario, Domingo, 28 de junio de 2015
La Justicia argentina embarga a las petroleras que operan en Malvinas
La orden judicial establece que tanto para
el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán
librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
Ilegal. La plataforma Eirik Rau está operando sin permiso de las autoridades argentinas.
La jueza federal de Río Grande en Tierra del
Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares,
además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a
empresas petroleras que operan ilegalmente en las islas Malvinas.
La medida judicial solicitada por el Ministerio
Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada ayer, en el
marco de la causa penal iniciada por el gobierno nacional por la
exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina.
La magistrada fueguina dispuso también, como medida
de no innovar, el "cese inmediato de la comisión del delito", que para
el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la
zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro
que le prestan distintos servicios.
La orden judicial establece que tanto para el
secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar
exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia que primero realizaron los ministros de
Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal,
Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, involucra en principio a las compañías Falkland
Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy y su
filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper
Exploration.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y
el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las
empresas, el pasado 21 de abril, la presunta comisión de "actividades
ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos
en proximidades a las islas Malvinas".
El fundamento de los fiscales es que las operaciones
se realizan sin "autorización, concesión o permiso alguno otorgado por
la autoridad competente argentina".
Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo
Rapoport, junto con la titular de la recientemente creada Unidad de
Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María
del Carmen Chena, precisaron el 1 de junio los pedidos de medidas
cautelares patrimoniales para "asegurar y decomisar los activos ilícitos
involucrados".
La URA logró identificar los activos de las compañías
en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la
estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la
Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.
La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y
embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de
datos estratégicos en el Atlántico Sur: el Ramform Sterling, el Ramform
Titan y el Falcon Explorer, además del MV Poseidon, afectado a estudios
geoquímicos y de base de líneas ambientales.
La medida abarca, también, a la plataforma
semisumergible Eirik Raude utilizada para hacer perforaciones en el
lecho submarino, y al dique flotante Noble frontier, afectado a un
programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito
judicial.
La jueza Herráez ordenó la "interdicción de navegar"
de todos los barcos, con el argumento de que "no se encuentran
inscriptos en el Registro Nacional de Buques", y explicó que la
restricción "impide la salida (de los buques) de los puertos donde se
encuentren".
La magistrada también dio por demostrado, en esta
instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de
petróleo y gas en las islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2
de abril pasado, se obtuvo una "ganancia ilícita".
Herraez tuvo en cuenta que el día del anuncio, el
valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de
Londres (AIM) aumentó más del 34 por ciento, y el volumen de
transacciones negociadas más de 400 por ciento, alcanzando los mayores
valores históricos de los últimos años.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal
solicitaron el embargo preventivo de esas ganancias, para lo que
identificaron cuentas bancarias de FOGL en el extranjero, aunque la
jueza requirió que para cumplimentar esa medida se precise el monto del
embargo "comparando el valor de las acciones en los plazos denunciados".
Antecedente directo del conflicto
La Cancillería argentina viene reclamando a
Inglaterra por las explotaciones petrolíferas desde hace años. Pero
desde hace unos meses distintos acontecimientos recrudecieron las
demandas argentinas y rechazos por parte del Reino Unido a tales
preesentaciones.
Entre las últimas reclamaciones está la efectuada por
el gobierno nacional el 24 de abril pasado por la falla en el
funcionamiento de la válvula de seguridad (blow-out preventer, BOP) del
pozo de exploración que está siendo perforado en el área denominada
Isobel Deep, en la plataforma continental argentina cercana a las islas
Malvinas por la plataforma Eirik Raude de Ocean Rig Management,
contratada por el consorcio integrado por las empresas Falkland Oil and
Gas Limited, Premier Oil Limited y Rockhopper Exploration.
De acuerdo a las empresas FOGL y Rockhopper, la
perforación en el área de Isobel Deep debió suspenderse a 1.273,9 metros
de profundidad por el mal funcionamiento del mecanismo de prevención
con que cuentan las plataformas hidrocarburíferas para controlar el pozo
ante la circunstancia de un eventual derrame líquido o gaseoso.
Un derrame de petróleo de magnitud en el área de
Malvinas tendría un impacto significativo en el ecosistema, que podría
perdurar durante décadas. Las aguas circundantes a las islas tienen una
rica diversidad. Existen en la zona áreas de reproducción y alimentación
de numerosas especies de mamíferos y aves marinas, varias de las cuales
son objeto de protección internacional, en razón de su elevada
vulnerabilidad y frágil estado de conservación. Asimismo, las aguas son
ricas en especies que son objeto de explotación comercial, tales como
calamar o la merluza negra.
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Diario "Clarín". Buenos Aires, 28 de junio de 2015. |
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