Diario "La Capital" Rosario, Martes, 20 de agosto de 2013
España recibe un "reto" de la UE por el litigio de Gibraltar
Bruselas le advirtió que no puede imponer un peaje de 50 euros. Rajoy replicó con la exigencia de controlar el contrabando.
La Comisión Europea advirtió a España que la
imposición de una tasa en la frontera con Gigraltar sería "ilegal", en
momentos de escalada de la tensión por la crisis diplomática entre
Londres y Madrid en torno al Peñón. En tanto, llegó una nave militar
británica al enclave británico en el extremo sur de España, agregando
tensión al escenario.
"Podemos confirmar que cualquier tasa o tarifa
impuesta en la frontera de un Estado miembro sería ilegal según el
derecho comunitario", indicó el portavoz de la comisión, Olivier Bailly,
en Bruselas. "La Comisión actuará, de ser necesario, para que se
respete el derecho comunitario", advirtió. El portavoz respondía sobre
una idea lanzada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José
Manuel García Margallo, de instaurar un peaje de 50 euros en la frontera
con Gibraltar. El portavoz de la Comisión recordó que esta propuesta
era, de momento, "puramente teórica" y no reflejaba, según él la postura
de las autoridades españolas. "En lo que se refiere a las informaciones
de prensa sobre una tasa en las carreteras para entrar a Gibraltar o
cualquier otra medida en las aguas territoriales, no tenemos postura de
momento porque estas medidas no son medidas decididas oficialmente por
las autoridades españolas", dijo.
En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano
Rajoy, pidió al titular de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, que la UE verifique y controle que la actividad económica en
Gibraltar no vulnere la normativa europea sobre blanqueo de dinero,
contrabando y fiscalidad. Barroso llamó por teléfono a Rajoy y conversó
con él durante doce minutos, después de que el pasado viernes recibiera
una llamada del primer ministro británico, David Cameron. Este le pidió
el envío urgente de observadores al paso fronterizo de Gibraltar, donde,
desde hace varias semanas, los controles aduaneros españoles están
provocando largas colas de vehículos, provocando una completa alteración
de la vida de los gibraltareños y turistas. España esgrime la necesidad
de controlar el contrabando como razón de las nuevas medidas.
Esa medida es a su vez una represalia porque los
gibraltareños lanzaron en las aguas frente al Peñón grandes bloques de
hormigón que dificultan la faena a los pescadores españoles. El gobierno
del enclave británico acusa a los pescadores españoles de no respetar
su política medioambiental y afirma que el arrecife artificial permitirá
regenerar la vida marina, muy dañada por la sobrepesca. España no
reconoce soberanía de Gibraltar sobre las aguas, sólo sobre los 7 km2 de
territorio del Peñón.
En tanto, el buque de guerra británico Westminster
atracó ayer en Gibraltar. Aunque planeada con anterioridad al conflicto,
la visita del buque se produce un día después de que unos 40 pesqueros
españoles se manifestaran en las aguas frente al Peñón para pedir la
retirada de los bloques de hormigón. La nave hará maniobras junto al
portahelicópteros Illustrious, que próximamente atracará en Cádiz,
España.
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