Martes 14 de enero de 2014 | Publicado en edición impresa
El Gobierno amenaza con aplicar sanciones por la pesca en
Malvinas
Envalentonado con los efectos que
produjo en Londres la presión sobre las empresas petroleras que realizan
negocios en las islas Malvinas, el Gobierno comenzó a embestir contra
las compañías pesqueras. La nueva estrategia de la política exterior argentina
está destinada a disuadir a Gran Bretaña para sentarse a dialogar por la
soberanía en el Atlántico Sur y busca asfixiar económicamente a los isleños.
Así lo expresó el
flamante secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, quien ratificó a la prensa británica
que se buscará "castigar" a las empresas petroleras que intenten
operar en el archipiélago sin autorización de la Argentina (ver aparte).
Bajo estas premisas, en la Cancillería ya trabajan en una
nueva reglamentación de la ley de pesca para aplicar severas multas a las
empresas que se beneficien económicamente con la pesca y en forma simultánea,
tanto en el Mar Argentino como en aguas del Atlántico Sur en disputa con el
Reino Unido.
La intención de Cristina Kirchner es aplicar sanciones a
empresas pesqueras que operan en ambos mares o que tienen una doble estructura
societaria. También, a las que presentan una triangulación de acciones que les
permita explotar los recursos pesqueros en aguas argentinas y de Malvinas al
mismo tiempo.
Para poner en práctica esta reglamentación de la ley de
pesca, el Gobierno potenciará los controles de patrullaje en las aguas del Sur
y, a la vez, realizará un profundo rastrillaje legal para determinar el estado
societario de las empresas pesqueras.
"La presión que hicimos sobre las petroleras dio
buenos resultados porque el gobierno británico reaccionó con nerviosismo y ello
nos obliga a presionar sobre las pesqueras", dijo a LA NACION un
funcionario del Ministerio de Agricultura que trabaja en el tema junto con la
Cancillería.
Otras fuentes oficiales consultadas dijeron que la
intención de máxima aspiración del Gobierno es presionar a las pesqueras para
que abandonen las aguas de las Malvinas y esto complique la vida de los
isleños. La actividad pesquera resulta gravitante en la economía de los
isleños: es el mayor ingreso de las islas, ya que ocupa el 60% del PBI de la
economía local. Así, las Malvinas reciben unos US$ 40 millones anuales sólo por
otorgar licencias pesqueras. Más de 150 buques de banderas de todo el mundo
ingresan anualmente en las 200 millas circundantes a las Malvinas.
Atacar esta actividad con presiones impositivas o multas
será la estrategia del Gobierno en lo inmediato.
Los voceros del Foreign Office consultados por LA NACION
destacaron que la diplomacia británica no haría comentario alguno sobre una
iniciativa que está en estudio en Buenos Aires. Pero ratificaron que Gran
Bretaña entiende que "las leyes de la Argentina no son aplicables a las
islas Malvinas".
CONFLICTOS
DIPLOMÁTICOS
En la Casa Rosada admitieron que la aplicación de multas
a empresas pesqueras podría generar un problema diplomático con países ajenos
al conflicto de las islas. Es que en esa zona marítima tanto del Mar Argentino
como de las islas operan barcos de España, Irlanda, Corea del Sur, China y
Japón, entre otras banderas.
Según aseguraron a LA NACION en el Gobierno, la decisión
de avanzar en este nuevo frente económico para obligar a Londres a negociar la
soberanía de las islas y aumentar la presión sobre el Reino Unido está
íntimamente relacionada con la designación de Filmus en el organismo que depende
del canciller Héctor Timerman. A instancias de la Presidenta, el Palacio San
Martín le otorgó un rango superior a la dirección de Malvinas y puso a un
activo militante de la causa Malvinas, como Filmus.
El flamante titular de la Secretaría de Asuntos Relativos
a Malvinas indicó que una de las tareas de su gestión será "cuidar las
riquezas de la Argentina", como las reservas ictícolas y de combustibles
alojadas en el Mar Argentino. Una de las primeras medidas pensadas por Filmus
para darle fuerza a su secretaría es la nueva reglamentación de la ley de
pesca. También tiene previsto realizar una nueva ronda de diálogos con países
latinoamericanos y del Caribe para sumar apoyos a la causa Malvinas.
La decisión de multar a las pesqueras cuenta con el aval
de legisladores de la oposición, que desde hace varios años exigen que la ley
de pesca establezca la prohibición explícita a las empresas que tienen permiso
de pesca en la Argentina de tener relación económica, comercial o de beneficio
con empresas o barcos que estén pescando en Malvinas sin autorización.
En su momento, el diputado radical Ricardo Alfonsín se
quejó porque la reglamentación de la resolución 514/09 de la entonces
Secretaría de Pesca decía que se prohibía tener relación de beneficio económica
o comercial "directa" con empresas que estén pescando sin
autorización. Ese concepto de "directo" no estaba en la ley y al
entender de varios diputados de la oposición reducía el alcance de la norma.
Ahora, la Cancillería retomará parte del argumento de la
oposición y avanzará contra las pesqueras con multas y sanciones. El impacto en
el sector podría ser muy relevante, si se tiene en cuenta un dato crucial: la
media de producción anual de pesca en las aguas que rodean las Malvinas es de
unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% es calamar.
FILMUS
DEFENDIÓ QUE HAYA PENAS DE PRISIÓN
·
"Quien no tenga autorización no sólo se enfrentará a
consecuencias administrativas, sino también a penas de prisión", anticipó
el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, al
ratificar al diario británico The Guardian que se "castigará" a las
empresas petroleras que intenten operar en la zona de las islas sin
autorización de la Argentina.
·
El ex senador del Frente para la Victoria aseguró en la
entrevista que, en caso de ser necesario, la Argentina recurrirá a tribunales
internacionales para defender la pretensión de "resguardar los recursos
naturales".
·
"Hay pocos temas en la Argentina que provoquen un
apoyo tan sincero no sólo de todas las fuerzas políticas, sino también de la
población en general", explicó Filmus a The Guardian, al sostener que la
estrategia del Gobierno encontrará respaldo.
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