Diario "La Capital". Rosario, Lunes, 09 de diciembre de 2013
Piden a Bonfatti el reconocimiento de soldados bajo bandera en 1982
Ex combatientes reclaman que promulgue lo aprobado en la Legislatura que beneficia a efectivos que no estuvieron en el frente.
Incertidumbre. Mientras muchos soldados eran llevados a las islas Malvinas, otros aguardaron durante semanas en tierra firme.
- Por Luis Emilio Blanco / La Capital (lblanco@lacapital.com.ar)
"Si el gobernador veta esta ley, estará
desconociendo la historia", disparó Joel Báez, titular del Centro de
Jubilados y Pensionados de los Ex Combatientes de Malvinas de Rosario,
en relación a la medida que deberá adoptar el Ejecutivo provincial
respecto de un proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de
Senadores que instituye un reconocimiento moral e histórico a los
soldados bajo bandera durante la guerra de 1982 en el Atlántico Sur que
no estuvieron en el teatro de operaciones.
Además de cuestiones protocolares, el reconocimiento
incluye la cobertura de salud del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (Iapos) de forma gratuita y vitalicia para un número de 500
beneficiarios de toda la provincia.
El proyecto fue motivo de un amplio debate a
principios de noviembre en la Cámara de Diputados, durante el que los
bloques opositores dieron media sanción a la iniciativa al superar por
amplia diferencia a los legisladores del Frente Progresista Cívico y
Social (FPCyS) que decidieron rechazar el proyecto. En la cámara Alta la
votación fue más ajustada y se aprobó con una diferencia de un voto.
"Creemos que ese reconocimiento es muy justo porque los soldados bajo
bandera que permanecieron fuera del frente de combate desarrollaron
diversas tareas de apoyo y muchos de ellos estaban preparados y a
disposición para cuando se los requiriera en el frente de combate",
explicó Báez a LaCapital.
"El gobernador debe saber que la sociedad nos da su
apoyo y que necesitamos el suyo para no vetar un reconocimiento que,
aunque tardío, sería totalmente justo para quienes quedaron relegados y
al margen de la historia", indicó.
Quinientos. Asimismo abundó en las
razones que los llevaron a planificar y gestionar el reconocimiento.
"Estos 500 muchachos tienen que ver con este sentimiento tan caro a la
historia de los argentinos como lo es la guerra de Malvinas. Estos
santafesinos se comprometieron y participaron decididamente en la
defensa del país en el desarrollo del conflicto y luego en tareas de
apoyo y recuperación del resto de los compañeros que habíamos estado en
el frente", dijo Báez, y remarcó que "los trabajos de logística para que
nosotros estuviéramos allá dependían exclusivamente de esta gente".
"Si esta ley no es aprobada, todos los soldados
encuadrados en esa situación permanecerán como hasta hoy; como un
ciudadano común y eso, según los hechos de la historia no fue así. Ellos
también lucharon y hoy merecen un mínimo reconocimiento: una medalla,
un diploma y una obra social".
El ex combatiente, ahora dirigente solidario de la
institución que los nuclea, aseguró que "muchos compañeros que ya no
están entre nosotros. Se fueron en una total situación de abandono. Con
el orgullo de haber sido útiles a la Nación y con el pesar de haber sido
olvidados por la sociedad y el Estado. Según los profesionales de
nuestra institución, incluso ellos sufrieron las secuelas postraumáticas
de la guerra".
"Ahora queremos simplemente tener la posibilidad de
que el gobernador nos reciba para explicarle cuál es nuestro parecer y
por qué creemos que se debe sancionar esta ley que reconoce a los
compañeros", abundó Báez.
"Consideramos a esta gente como compañeros de
Malvinas y por lo tanto nos organizamos en toda la provincia a través de
los distintos centros de ex combatientes para hacer nuestros pedidos en
forma orgánica y ordenada", dijo.
Sería la segunda provincia
En caso de que el
gobernador Bonfatti promulgue la ley, Santa Fe sería la segunda
provincia en reconocer a los soldados bajo bandera. La primera fue Chaco
donde, además de los honores, recibieron obra social, una pensión de la
provincia, preferencia para los puestos de trabajo dentro del Estado y
planes de vivienda.
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